Escucha nuestra intervención en el programa «Equipo de Ley» de Radio Sureste COPE, donde analizamos las claves legales de la tenencia de mascotas en viviendas de alquiler y en comunidades de propietarios: qué puede prohibir un arrendador, hasta dónde llegan las facultades de la comunidad de vecinos y qué consecuencias tiene incumplir las normas.
Cada vez son más los hogares españoles que conviven con un animal de compañía, y con ellos crecen también los conflictos: el propietario que introduce en el contrato una cláusula prohibiendo mascotas, el vecino que se queja de los ladridos nocturnos o la junta que aprueba una norma para impedir que los perros suban en el ascensor. ¿Quién tiene razón? ¿Puede realmente prohibirse tener un animal en casa?
El punto de partida cambió con la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, que modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para dejar de considerar a los animales como simples «cosas» y reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. A ello se suma la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que refuerza las obligaciones de tenencia responsable. Ninguna de las dos, sin embargo, resuelve por sí sola el choque entre el derecho a convivir con una mascota y los derechos del arrendador o del resto de vecinos: ahí siguen mandando la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal.

Dentro de nuestras intervenciones quincenales en la sección «Equipo de Ley» de Radio Sureste COPE (88.3 FM), respondimos a las cuatro preguntas que más nos plantean en el despacho sobre este asunto:
- ¿Puede un propietario prohibir las mascotas mediante una cláusula del contrato de alquiler? Sí. La Ley de Arrendamientos Urbanos no regula expresamente esta materia, por lo que rige la libertad de pactos (artículo 4.2 LAU y artículo 1255 del Código Civil). Una cláusula clara que prohíba la tenencia de animales es válida y vincula al inquilino, y su incumplimiento puede llegar a ser causa de resolución del contrato. Existe, eso sí, una excepción indiscutible: los perros de asistencia de personas con discapacidad, cuyo acceso y permanencia no puede prohibirse.
- ¿Y si el contrato no dice nada? Entonces el inquilino puede tener mascotas con normalidad: lo que no está prohibido, está permitido. Ahora bien, esa libertad no es absoluta. El arrendatario sigue obligado a usar la vivienda de forma diligente, a responder de los daños que el animal cause en el inmueble (artículos 1555 y 1563 del Código Civil) y a no desarrollar en ella actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, supuesto que habilita al arrendador a resolver el contrato conforme al artículo 27.2 de la LAU.
- ¿Puede una comunidad de propietarios prohibir las mascotas dentro de las viviendas? Con carácter general, no. La vivienda es un elemento privativo y una prohibición absoluta supondría una limitación del derecho de propiedad que no puede imponerse por un simple acuerdo de junta ni por unas normas de régimen interior aprobadas por mayoría. Para ser oponible debería figurar en el título constitutivo o en los estatutos, con acuerdo unánime e inscripción registral. Lo que sí puede hacer la comunidad es regular el uso de los elementos comunes: exigir que el animal circule sujeto, limitar su presencia en zonas ajardinadas o en la piscina, u obligar a recoger sus deposiciones.
- ¿Cuándo puede la comunidad limitar o exigir el cese de la tenencia? Cuando la convivencia con el animal deja de ser un uso normal de la vivienda y se convierte en una actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa, en los términos del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal: ladridos continuados y nocturnos, olores por acumulación de animales o falta de higiene, plagas, o animales potencialmente peligrosos sin licencia ni seguro. El procedimiento exige un requerimiento fehaciente del presidente al infractor y, si persiste, el acuerdo de la junta autorizando la acción de cesación judicial, que puede terminar con la orden de cese definitivo e incluso, en los casos más graves, con la privación del uso de la vivienda por un tiempo determinado.
- ¿Qué consecuencias jurídicas se afrontan al incumplir? Frente al arrendador: resolución del contrato y desahucio, indemnización por los daños causados y posible pérdida de la fianza. Frente a la comunidad: la citada acción de cesación e indemnización de daños y perjuicios. A ello pueden sumarse las sanciones administrativas derivadas de las ordenanzas municipales y de la Ley 7/2023, la responsabilidad civil objetiva del artículo 1905 del Código Civil por los daños que cause el animal y, en supuestos de lesiones, incluso responsabilidad penal.
La conclusión es sencilla: la mejor forma de evitar el conflicto es leer el contrato antes de firmarlo, conocer los estatutos de la comunidad y ejercer una tenencia responsable. Y cuando el problema ya existe, actuar por los cauces legales previstos.
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